Señal de ajuste: fuerte debate por los cambios en el mercado de las telecomunicaciones
Por: Diego Cabot | @diegocabot
Si algo faltaba hasta hace 15 días era calma en el mercado de las telecomunicaciones argentinas. Una licitación de urgencia, la aparición de nuevos jugadores, una discusión por un pago en dólares, en pesos o en bonos e impugnaciones administrativas. Todo condimentado con la ya añeja pelea entre el Grupo Clarín y el Gobierno y con enormes deficiencias en la prestación de servicios, especialmente, de telefonía celular.
Así estaba la cosa cuando desde la Casa Rosada anunciaron que se enviaba al Congreso un proyecto de ley llamado Argentina digital. Y, entonces, la cosa se puso peor.
  El negocio y los jugadores de un mercado tan dinámico como el de las telecomunicaciones cambiarán en pocos meses. Argentina digital, la nueva ley de telecomunicaciones, se va a discutir en el mismo momento en que se licitaron las licencias para operar la tecnología 4G, además de un residual del espectro en el que se cursan las comunicaciones de 3G. Semejante paquete de negocios en un mercado regulado no deja de generar polémica, no sólo entre los privados que se acusan debajo de la mesa de que unos pocos se benefician con la norma, sino respecto del rol que tendrá el Estado. Más aún cuando se conocieron los artículos de la nueva ley y aparecen términos como servicio o interés público. Y claro está, estos inocentes vocablos puestos en una ley que aplicará el kirchnerismo no dejan de despertar urticaria entre las empresas del sector. Eso sí, urticaria silenciosa. Lo primero que surgió es la licitación para entregar cuatro licencias para operar 4G, además de un cuarto de la licencia de 3G que devolvió Telefónica cuando fusionó a Unifón con Movicom para alumbrar Movistar. En esa millonaria licitación aparecen tres nombres conocidos: Telefónica, Telecom y Claro. Pero habrá uno nuevo: Arlink, una compañía del conglomerado de empresas que comandan Daniel Vila y José Luis Manzano. Los ausentes fueron Cablevisión, que prefirió impugnar el proceso, y Nextel, un viejo luchador que bregó por esta licitación hace años, pero que ahora está en caída. La licitación de 4G está llena de dudas. El apuro con el que se armó el proceso ha sido criticado por todos los actores. Pese a haber podido abrir el concurso hace años, el Gobierno decidió que todo se condense en pocas semanas para lograr que entren dólares a las maltrechas reservas. Hace 10 días, el Estado entregó los paquetes, uno a cada telefónica y otro a Arlink. Las críticas llovieron desde que se publicaron los pliegos. Los que están fuera del negocio, con excepción de Vila y Manzano, consideran que no hubo incentivos para el ingreso de los nuevos jugadores. Dicen que las operadoras que ya están en el negocio tienen una distancia tan enorme con los ingresantes que es imposible de achicar. De ahí los interrogantes respecto de qué y cómo hará Arlink para cumplir con las condiciones de inversión que establece el pliego. Si las ganadoras cumplen, deberán entregar 500 millones de dólares por la licencia y desembolsar 1500 millones adicionales para encender la red de 4G. De aquella cuota inicial ya se sabe que el 30% se pagará en Boden 15. Las condiciones establecen que los bonos debían comprarse antes de la licitación y estar en las carteras de los oferentes. Poco se sabe de esa condición. ¿Habrá aportes en dólares contantes y sonantes cuando se entreguen las licencias? Ésa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Las tres telefónicas son multinacionales. Vila y Manzano, un grupo nacional, es la gran incógnita. Todo se develará en días, cuando se adjudiquen las licencias. Además de esa cifra en inversión en red y pago de la licencia, habrá varios millones en publicidad y otro tanto para subsidiar el parque de celulares. Sucede que 95% de los teléfonos encendidos en el país no soportan la red de 4G. Uno o dos modelos -entre ellos, el último iPhone, que no se vende en la Argentina- son los únicos aptos. Los demás seguirán con posteos en 3G. Las operadoras deberán subsidiar una parte del precio, como siempre hicieron con algunos modelos. "Esta red se debería haber instalado hace años. Entonces los años de amortización de la inversión eran más largos. La amortización es más corta y la amortización tiene que ser más acelerada. Eso significa más costos", dijo un hombre que analizó de cerca los números de la licitación. "Son alrededor de 2900 millones de dólares de inversión con poca capacidad de monetizar los nuevos servicios", dice otro ejecutivo de una empresa de comunicaciones. Además, se pregunta, ¿están los dólares para importar antenas y equipos como para que entre las cuatro empresas inviertan 3000 o 4000 millones de dólares en la red? |
Preguntas que aún no tienen respuestas. Cablevisión, una de las que estaban más interesada en participar de la puja, se quedó al margen. En la empresa del Grupo Clarín adujeron no tener acceso al mercado cambiario como para poner 500 millones de dólares de licencia. El Gobierno contestó que debía ser en moneda extranjera y no en pesos. Y entonces no participaron y decidieron impugnar la licitación. El proceso sigue en sede judicial y terminará en la Justicia. Sobre llovido, mojado Como si no hubiese movimientos, el Gobierno envió sorpresivamente el proyecto de ley Argentina digital, una nueva ley de telecomunicaciones. La norma está barnizada en el objetivo declamado de democratizar el mercado y modernizar la regulación. Allí las primeras dudas: cuál es el propósito escondido de una iniciativa que se monta sobre el andamiaje de la polémica ley de medios. A decir de Gustavo Fontanals, un politólogo e investigador de la UBA que publicó un artículo en Bastión Digital, el proyecto quiere englobar bajo una misma normativa al vasto campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Dice que alienta la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de transmisión de voz, audio, video y datos en general. La ley logró un punto de consenso: la convergencia tecnológica. Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones, dice que claramente ésa es la tendencia en el mundo desde hace años. "No hay posibilidades de ir para otro camino", dice. Algo similar piensa Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de las universidades de Quilmes y de Buenos Aires. "Seguir impidiendo el cruce de telecomunicaciones a audiovisual, y viceversa, es antediluviano", dice desde Bogotá. Dicho esto, vienen las discordancias. Fontanals considera que Argentina digital replica la principal falencia del marco normativo vigente: "La capacidad discrecional del Poder Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales. Excluye a otros canales institucionales". Martínez Fazzalari y Becerra consideran que la apertura de mercados (como la televisión paga) puede generar competencia desigual entre grandes con chicas. El caso del que todos hablan es Telefónica, ahora habilitada a dar televisión, y su competencia con el cable. Los dueños de las redes se quejan de que la empresa podría dar desde el momento en que se promulgue la ley un servicio satelital similar al de DirectTV que ya presta en Brasil. Cerca de la empresa hacen otra lectura. Dicen que ellos son los entrantes en un mercado que está consolidado y que deberían cablear ciudades y, además, robar clientes a empresas muy establecidas. Habrá razones de los dos lados; nada que no pueda resolver un Estado regulador. El problema radica en que nadie confía en él. Polémica en torno a Argentina digital Dicen que el proyecto de ley llamado Argentina digital era una suerte de plan alternativo. Cuentan algunos conocedores de los vericuetos del mundo de las telecomunicaciones argentinas que un texto similar daba vueltas en los escritorios del oficialismo pocos días antes de que la Corte Suprema firmara el fallo en el que declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Si el fallo era inverso, una de las salidas para romper la agenda era un proyecto similar al que por estos días recorre los pasillos del Senado. La norma tiene una gran crítica. "Es casi una carta blanca para que el Poder Ejecutivo reglamente cuestiones muy sensibles en materia de telecomunicaciones. Podría darse el caso de beneficios claros para una determinada empresa", dice el abogado Raúl Martínez Fazzalari. Otro de los puntos oscuros es la autoridad de aplicación de la futura ley. El proyecto da esa función a quien designe el Poder Ejecutivo. "Tendrá capacidad para tomar todas y cada una de las potestades de regulación que se le asignan al Estado", dice Gustavo Fontanals en el documento que lleva su firma. Pero no todo queda ahí. La cuestión que más irrita es cuando se habla de interés público, servicio público e interés nacional en diferentes puntos del proyecto de ley. El artículo 1° habla de declarar de interés público el "desarrollo y la regulación" de las tecnologías de la información (TICs). "Esto no tiene demasiada consecuencia ya que no tiene sentido declarar de interés público a la regulación", dice Fazzalari. El artículo 15 le da calidad de "servicio público esencial" al uso de las redes de telecomunicaciones". Fazzalari dice que acá sí hay que tener cuidado ya que no se habla en ningún momento de otorgar esta calidad de servicio público mirando a los usuarios sino que se hace sólo en función de las redes y las empresas. Justamente aquí hay varios reparos. Por ejemplo, especulan en las empresas que operan en la Argentina, podría darse el caso que el Estado decida utilizar una red de una compañía -en virtud de que se trata de un servicio público- y entregársela para que la use una determinada compañía. "Podría empezar a operar una empresa estatal que no haya invertido en redes y que opere con aportes del Estado. Usa la infraestructura ajena y listo", dice un hombre de una de las empresas que tienen inversiones en redes en la Argentina. Varios miran con desconfianza a Arsat, la empresa estatal que tuvo dos años la licencia para operar en 3G. Allí, La Cámpora anidó sus sueños de una telefonía celular estatal con la creación de Libre.ar. Pero nunca estuvo el dinero para la inversión en infraestructura. Esta ley podría hacer realidad aquel sueño. Fuente: Diario La Nación “No es la ‘Ley Telefónica’ y no participamos en su elaboración” |
Sus directivos rechazan críticas por 'Argentina Digital'. Niegan vínculos con Telefe, y anticipan que el Estado definirá cómo se pagará el 4G
Por: Jairo Straccia y Gabriel Ziblat
Dúo. Alejandro Lastra y Rodríguez Zarco, de Telefónica, el viernes en sus oficinas frente a Puerto Madero. "Esperamos ser escuchados", dicen
El proyecto de ley Argentina Digital que presentó el Gobierno, sumado a las licitaciones de las frecuencias 4G de telefonía móvil, la calidad de las comunicaciones por celular y la situación de Telefe con su adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dejó en las últimas semanas a Telefónica en el centro de la escena política. En diálogo con Perfil, José Luis Rodríguez Zarco, director de Relaciones Institucionales, y Alejandro Lastra, director de Comunicación e Imagen, criticaron el proyecto que abre el mercado de las telecomunicaciones e hicieron hincapié en las millonarias inversiones que genera la industria.
Se instaló que es la "Ley Telefónica". ¿Qué dicen?
Lastra: En primer lugar, vamos a negar que esta ley sea la "Ley Telefónica". Es falso que nosotros hayamos intervenido en cualquier colaboración. Nos enteramos el día del anuncio. Segundo, no está hecha para las telefónicas. Creemos que el debate debe darse en el Congreso, con lo cual no vamos a entrar en las especificaciones de por qué esta ley tiene tal o cual inconveniente. Pero claramente no es una ley que beneficie a las telefónicas.
Rodriguez Zarco: Si hubiésemos podido participar de la elaboración del proyecto no habría salido así. De ninguna manera. Nuestra cámara, Cicomra, hablará en representación nuestra en el Congreso, esperamos ser escuchados. Tendrá que ir a explicar por qué nosotros no estamos muy satisfechos con este proyecto de ley ni muchísimo menos.
¿El artículo 9 les da una solución a un tema paralelo que tiene Telefónica con la adecuación de Telefe a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
RZ: Un árbol no puede tapar un bosque enorme. Estamos hablando del futuro del desarrollo tecnológico del país. Estamos hablando de inversiones multimillonarias.
L: La adecuación de Telefe, en tal caso, se tiene que regir por la Ley de Medios, que no ha sido derogada por esta ley. El artículo 9 per se no te está resolviendo nada. Te está diciendo que eventualmente habrá triple play, pero sin establecer con claridad las reglas. Y la adecuación de Telefe la tendrá que hacer Telefe, que no es una compañía que tenga un vínculo societario directo con Telefónica de Argentina.
En los balances de Telefónica de España muestran que tiene composición societaria de empresas que a su vez también están detrás de Telefónica Argentina.
L: Es un tema extremadamente jurídico que no tiene sentido discutirlo acá.
RZ: Además, estamos hablando de un canal de TV cuando en esta mesa y en otras mesas está en juego el desarrollo tecnológico del país.
¿En cuánto tiempo podría Telefónica dar TV paga si se aprueba la ley?
RZ: Compitiendo contra una factura promedio de $ 800, con una factura promedio nuestra de $ 150 tenemos nuestras dificultades. Ojalá pudiéramos salir a competir rápidamente, pero no lo vemos así. Y mucho menos cuando el 4G esté a pleno rendimiento, porque va a competir duramente en el mercado. Hoy internet tiene contenidos de cable. Lo que seguro va a pasar es que los precios van a ser más accesibles.
Las tres telcos suman 70 millones de clientes contra menos de 10 de la TV paga
L: Hay que hablar de un mercado relevante, de la penetración que tiene la televisión paga en la Argentina. Y sobre eso tus números van a cambiar sustancialmente. Cuando hablás de competencia lo hacés sobre clientes que ya tienen un servicio. La penetración de la TV paga es más alta, y hay jugadores que tienen mayor participación en el mercado.
¿Cómo les impactó el envío de este proyecto dos días antes de la licitación del 4G?
RZ: Nos hizo dudar de participar. Pero la necesidad de espectro está por encima de cualquier duda. El tráfico de datos irá por el 4G y no va a comprimir el 3G. Y ya nos enojaremos menos cuando se nos corta la voz.
¿Cómo interpretan las declaraciones de Miguel Pichetto en el Senado, que dijo que Telefónica no había invertido un peso en estos años?
RZ: Es verdad, miles de millones no son un peso. Muchos miles de millones invertimos. Vamos a invertir en el bienio 2014-15 casi 12 mil millones de pesos.
De los US$ 430 millones que ofertaron para el 4G, ¿está definido si los van a poner en pesos, dólares o bonos?
L: La oferta se ajusta a lo que establecen el pliego y las circulares aclaratorias.
¿Está todavía en etapa de negociación?
L: El Estado argentino tiene que hacer la adjudicación. No hay ninguna negociación.
Eurnekian, el pionero
En el último almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, el empresario Eduardo Eurnekian analizó el proyecto Argentina Digital desde su mirada de pionero de la industria del cable: "Cuando se privatizaron los teléfonos, se quiso habilitar a las telefónicas para que dieran TV por cable. Yo era presidente de los cableros y le dije a María Julia (Alsogaray) que iba a matar al cable. Entonces se fijaron diez años para que el cable se desarrollara, así luego las telefónicas entrarían al negocio de la TV. El plazo se cumplió en 2001, pero por esos sinsabores de la Argentina nunca se actualizó esa situación. Ahora tenemos este mejunje, así que sacá tus propias conclusiones de lo que pienso".
Las causas judiciales
Hace una semana se publicó por error que Telefónica era investigada en los casos Ciccone y en la ruta de la efedrina, cuando en realidad un directivo de Telefe había atestiguado por una reunión en sus oficinas en la previa al salvataje de la imprenta, y la firma de telefonía celular Movistar había sido allanada en la búsqueda de llamados en la investigación por narcotráfico. Todo mientras se esperaba la aprobación del plan de adecuación de Telefe y meses antes de la subasta del 4G. "Nosotros tenemos un rol de colaboración con la Justicia que hemos cumplido. El juzgado, en lugar de pedir una aclaración decidió allanarnos, y se dio cuenta del error. Ustedes mezclaron esto y creo que son mundos que tienen que estar separados", explica Alejandro Lastra. "En telefonía móvil encontramos casi todo lo que nos piden. Cuando nos allanaron, buscamos, encontramos y dimos los datos. Hilar todo no tiene pies ni cabeza", dice Jorge Rodríguez Zarco.
Foto: Pablo Cuarterolo
Fuente: Diario Perfil
Destacan en España la "polémica por una ley del Gobierno que afecta a Telefónica"
La oposición y parte del oficialismo denuncian favoritismo y falta de inversión por parte de la "teleco" española
Por: Carmen de Carlos
Telefónica se encuentra en el centro de la polémica en Argentina. La compañía que preside César Alierta recibe criticas desde la oposición, una parte del oficialismo y empresas operadoras de cable, como consecuencia de un proyecto de ley del Gobierno que, de aprobarse, -según los críticos-, le beneficiaría, -junto con otras del sector-, en perjuicio de empresas locales y de los usuarios.
El proyecto de Ley de Información y Comunicaciones (TIC) se tramita estos días es de autoría del Gobierno, pero encuentra en el Senado voces propias de protesta muy duras, en especial, contra Telefónica.
El portavoz del gubernamental Frente para la Victoria, Migue Ángel Pichetto, advirtió: "Yo, tengo problemas con el Reino de España, con un capitalismo colonial... La empresa Telefónica no invirtió un peso". Fernando "Pino" Solanas, de la coalición Proyecto Sur-UNEN, directamente, descerrajó, "la ley está hecha como anillo al dedo para Telefónica" mientras el socialista Ruben Giustiniani aseguró, "se abre un negocio importantísimo y se fortalece la posición dominante de Telefónica como grupo económico en televisión y cable".
José Luis Rodríguez Zarco, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la compañía en Buenos Aires, considera "falso y falaz" ese tipo de acusaciones. Para fortalecer sus argumentos facilita los datos de inversión acumulada de la compañía. Según estos, entre 1991 y el 2001, la multinacional invirtió 8.390 millones de pesos, por entonces equivalentes a dólares y en los últimos doce años, a partir del 2002, -tras el "crack" de Argentina y las sucesivas devaluaciones de la moneda-, Telefónica dedicó 25.249 millones de pesos, algo más de 2.970 millones de dólares, a mejoras.
Rodríguez Zarco insiste en el esfuerzo realizado durante este tiempo "para adecuarnos a las nuevas tecnologías. Hemos cambiado en cinco ocasiones las redes". Y atribuye los problemas de conexión, -queja constante de los usuarios-, a las "dificultades para instalar antenas" por comunidades de vecinos y algunos municipios.
No obstante, Pichetto fue demoledor e insiste en incorporar, "una cláusula antimonopólica" en el proyecto TIC. El senador, hombre con peso propio en el oficialismo, considera necesario proteger, "al sector nacional de pequeñas y medianas empresas. No sea cosa –advirtió- que si no ponemos esa cláusula (la antimonopólica) sean barridos por un sistema tecnológico de concentración".
El proyecto TIC contradice algunos aspectos de la polémica Ley de Medios Audiovisuales del mismo Gobierno. Habilita a las telefónicas a servir contenidos de televisión y a usar para ello el cableado de otras empresas, ambas actividades expresamente prohibidas en la Ley de medios actual. Cablevisión, la mayor operadora de cable de Argentina pertenece al Grupo Clarín y de salir adelante la ley, tal y como está redactada, este grupo se considera el mayor perjudicado. Rodríguez Zarco no comparte esa opinión, "llegamos siete años tarde para competir con alguien que tiene un sistema de cableado que tecnológicamente es incompatible con el nuestro", observa.
En este contexto, la oposición insiste en sus críticas. Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR) vaticina un escenario en el que, "las telefónicas se van a comer a los cables (operadoras) y a las pymes del interior de Argentina. El grande se va comer a los chicos y se les va a dar más poder a las monopólicas que son las telefónicas".
Las otras compañías –de menor envergadura que Telefónica/Movistar- que, según los críticos, también saldrán favorecidas con el proyecto son Claro, Personal y Airling. Las asociaciones de consumidores, por diferentes razones, expresan su preocupación. Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores, intervino en la Comisión del Senado para que "se declaré de servicio público, no sólo el uso y acceso a redes de licenciatarios" sino "todo" para evitar subidas de precios. Asimismo, solicitó que se le retire a "Telefónica (de Argentina) y a Telecom la autorización que tienen para fusionarse".
"Esta ley es intervencionista y controla hasta el precio que debemos establecer. No es la que hubiéramos deseado pero, además, tenemos las tarifas de la telefonía fija congeladas desde hace catorce años. La semana pasada participamos de la licitacación del 4G con el resto de las empresas y pondremos unos cinco mil millones de pesos (unos 590 millones de dólares) sobre la mesa. Insistir en que no invertimos es falaz", asegura Rodríguez Zarco.
Servida la polémica y abierta la discusión, el diputado del Frente Amplio Progresistas, Gerardo Milman, miembro del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) fue más lejos en sus críticas y opinó: "Esta ley viene a darle el cuarto poder a los fondos buitres". Y protestó: "Tienen el 7,8 por ciento de la Telefónica de España" que a su vez participa en Telefe, (cadena de televisión), algo que, hoy por hoy, "es incompatible con la ley de medios".
El ministro de Planificación, Julio De Vido, tras escuchar las declaraciones de su compañero, el senador Miguel Angel Pichetto, salió en auxilio de Telefónica: "Esta ley –aseguró- no beneficia ni perjudica a nadie".
Fuente: Diario ABC
Telefónica mediante una solicitada respondió a las acusaciones de Pichetto
Fuente: Señales
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