Clarín puede complicar el plan de Telefónica.
Los argumentos que usó el Gobierno para desestimar la propuesta del Grupo podrían ir en contra de la empresa española.
En caso de avanzar con la adecuación de oficio del Grupo Clarín, el Gobierno se quedará sin argumentos para seguir esquivando la situación posiblemente irregular de que Telefónica sea dueña de Telefe.
Los vínculos societarios que la AFSCA señaló que existen entre los nombres que formarían parte de las Unidades 1 y 2 en las que se dividirá el multimedios serían mucho más claros en el caso de la empresa española.
Los propios balances que el Grupo Telefónica presenta todos los años en España muestran que no sólo Telefe y Telefónica Argentina son parte del mismo grupo, sino que también tienen vinculación entre sí, algo que desde la empresa siempre negaron.
La AFSCA, por su parte, nunca hizo referencia al respecto y pateó la pelota para más adelante.
Cuando presentó el listado de empresas que incumplían con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo incluyó a Telefe, pero solamente por exceder el límite de 35% de la población que alcanza con sus nueve canales.
En la última conferencia de prensa, Martín Sabbatella dejó en evidencia un cambio en esa interpretación. Consultado sobre la situación reconoció que no se trataba de un problema de multiplicidad, sino de incompatibilidades.
Desde la AFSCA anticipan que el expediente se va a tratar, aunque no anticiparon ni cuándo ni con qué resolución. En mayo último, el propio Sabbatella había declarado que en la siguiente reunión de directorio se iba a debatir el caso. Hasta ahora no hubo novedades.
Todos los años, el Grupo Telefónica presenta un informe de auditoría sobre la empresa y sociedades dependientes. Allí hay un anexo con el listado de las principales sociedades del grupo en el mundo, incluyendo a Telefónica Holding de Argentina SA, que está detrás tanto de la empresa que presta servicios telefónicos y del canal con mayor audiencia del país.
Telefe Televisión Federal SA, es controlada por dos firmas Atlántida Comunicaciones en un 79,02% y Enfisur en un 20,98%.
Atlántida Comunicaciones, a su vez, es controlada por otras dos firmas Telefónica Media Argentina en un 93% y Telefónica Holding de Argentina en un 7%.
En el caso de Telefónica de Argentina SA, la sociedad tenedora mayoritaria es Compañía Internacional de Telecomunicaciones (51,49%). El resto pertenece a otras cuatro empresas del grupo.
Compañía Internacional de Telecomunicaciones, a su vez, tiene entre sus controlantes a Telefónica Holding de Argentina (47,22%). Los vínculos no son sólo entre sociedades, sino también entre ejecutivos.
Luis Blasco, su presidente, se presenta en su perfil de la red social Linkedin como presidente de Telefónica de Argentina SA, pero también como representante del accionista en Telefe.
La Ley 26.522 establece que los titulares o accionistas con más de un 10% de una empresa de servicio público, como Telefónica, no podrán tener una licencia de comunicación audiovisual, como Telefe. Se cumplieron cinco años, y la AFSCA todavía no se pronunció al respecto.
El mercado duda sobre posible venta de Cablevisión, se calcula que todos los activos de la empresa valdrían unos US$ 5 mil millones, el Gobierno no pudo conseguir US$ 1.500 millones para salvar a la patria de los buitres y pagar la deuda, menos va a poder conseguir un comprador para Cablevisión.
Por otro lado, la Ley de Medios adhiere a convenios de reciprocidad de inversiones que impiden que los fondos para comprar una empresa como Cablevisión lleguen de países que no sean Estados Unidos o España.
El caso de Telefónica ayuda a entender el problema. Hace tiempo que busca un comprador para Telefe, poco rentable según los estándares de las empresas de telefonía, un empresario que ofreció quedarse con el canal a principio de año le pidieron sin temblar US$ 400 millones.
Un funcionario explica que empresarios como George Soros o Carlos Slim, podrían ser compradores. El problema llegó luego del fracaso de David Martínez. El Gobierno esperaba que el mexicano, que tiene el 40% de Cablevisión, compre la otra parte de Clarín y esperaba también, que ayude a negociar la deuda con algunos buitres.
Por esto, Martínez, sigue esperando en despachos oficiales que el Gobierno le apruebe la compra de Telecom.
La estrategia del Grupo Clarín es múltiple, pero podría sintetizarse en tres decisiones, que se relacionan con tres recorridos legales. El primero es que desencadenarán una batalla administrativa, tratando de dilatar cada uno de los pasos para vender sus empresas, que considera el Reglamento de Transferencia de Oficio, contemplado en la Resolución 2206 de la AFSCA.
Esperando, claro, que todo se dilate hasta mediados de 2015, cuando ya existan indicios concretos sobre quién gobernará por los próximos cuatro años. El segundo camino legal, que se cristalizaría en los próximos días hábiles, es una presentación en el fuero contencioso administrativo. El camino final podría ser, nuevamente, la Corte Suprema.
El tercero, todavía en estudio y de corte más simbólico que legal, es una presentación ante organismos internacionales para denunciar el avance del Gobierno sobre la empresa.
Los argumentos que usó el Gobierno para desestimar la propuesta del Grupo podrían ir en contra de la empresa española.
En caso de avanzar con la adecuación de oficio del Grupo Clarín, el Gobierno se quedará sin argumentos para seguir esquivando la situación posiblemente irregular de que Telefónica sea dueña de Telefe.
Los vínculos societarios que la AFSCA señaló que existen entre los nombres que formarían parte de las Unidades 1 y 2 en las que se dividirá el multimedios serían mucho más claros en el caso de la empresa española.
Los propios balances que el Grupo Telefónica presenta todos los años en España muestran que no sólo Telefe y Telefónica Argentina son parte del mismo grupo, sino que también tienen vinculación entre sí, algo que desde la empresa siempre negaron.
La AFSCA, por su parte, nunca hizo referencia al respecto y pateó la pelota para más adelante.
Cuando presentó el listado de empresas que incumplían con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo incluyó a Telefe, pero solamente por exceder el límite de 35% de la población que alcanza con sus nueve canales.
En la última conferencia de prensa, Martín Sabbatella dejó en evidencia un cambio en esa interpretación. Consultado sobre la situación reconoció que no se trataba de un problema de multiplicidad, sino de incompatibilidades.
Desde la AFSCA anticipan que el expediente se va a tratar, aunque no anticiparon ni cuándo ni con qué resolución. En mayo último, el propio Sabbatella había declarado que en la siguiente reunión de directorio se iba a debatir el caso. Hasta ahora no hubo novedades.
Todos los años, el Grupo Telefónica presenta un informe de auditoría sobre la empresa y sociedades dependientes. Allí hay un anexo con el listado de las principales sociedades del grupo en el mundo, incluyendo a Telefónica Holding de Argentina SA, que está detrás tanto de la empresa que presta servicios telefónicos y del canal con mayor audiencia del país.
Telefe Televisión Federal SA, es controlada por dos firmas Atlántida Comunicaciones en un 79,02% y Enfisur en un 20,98%.
Atlántida Comunicaciones, a su vez, es controlada por otras dos firmas Telefónica Media Argentina en un 93% y Telefónica Holding de Argentina en un 7%.
En el caso de Telefónica de Argentina SA, la sociedad tenedora mayoritaria es Compañía Internacional de Telecomunicaciones (51,49%). El resto pertenece a otras cuatro empresas del grupo.
Compañía Internacional de Telecomunicaciones, a su vez, tiene entre sus controlantes a Telefónica Holding de Argentina (47,22%). Los vínculos no son sólo entre sociedades, sino también entre ejecutivos.
Luis Blasco, su presidente, se presenta en su perfil de la red social Linkedin como presidente de Telefónica de Argentina SA, pero también como representante del accionista en Telefe.
La Ley 26.522 establece que los titulares o accionistas con más de un 10% de una empresa de servicio público, como Telefónica, no podrán tener una licencia de comunicación audiovisual, como Telefe. Se cumplieron cinco años, y la AFSCA todavía no se pronunció al respecto.
El mercado duda sobre posible venta de Cablevisión, se calcula que todos los activos de la empresa valdrían unos US$ 5 mil millones, el Gobierno no pudo conseguir US$ 1.500 millones para salvar a la patria de los buitres y pagar la deuda, menos va a poder conseguir un comprador para Cablevisión.
Por otro lado, la Ley de Medios adhiere a convenios de reciprocidad de inversiones que impiden que los fondos para comprar una empresa como Cablevisión lleguen de países que no sean Estados Unidos o España.
El caso de Telefónica ayuda a entender el problema. Hace tiempo que busca un comprador para Telefe, poco rentable según los estándares de las empresas de telefonía, un empresario que ofreció quedarse con el canal a principio de año le pidieron sin temblar US$ 400 millones.
Un funcionario explica que empresarios como George Soros o Carlos Slim, podrían ser compradores. El problema llegó luego del fracaso de David Martínez. El Gobierno esperaba que el mexicano, que tiene el 40% de Cablevisión, compre la otra parte de Clarín y esperaba también, que ayude a negociar la deuda con algunos buitres.
Por esto, Martínez, sigue esperando en despachos oficiales que el Gobierno le apruebe la compra de Telecom.
La estrategia del Grupo Clarín es múltiple, pero podría sintetizarse en tres decisiones, que se relacionan con tres recorridos legales. El primero es que desencadenarán una batalla administrativa, tratando de dilatar cada uno de los pasos para vender sus empresas, que considera el Reglamento de Transferencia de Oficio, contemplado en la Resolución 2206 de la AFSCA.
Esperando, claro, que todo se dilate hasta mediados de 2015, cuando ya existan indicios concretos sobre quién gobernará por los próximos cuatro años. El segundo camino legal, que se cristalizaría en los próximos días hábiles, es una presentación en el fuero contencioso administrativo. El camino final podría ser, nuevamente, la Corte Suprema.
El tercero, todavía en estudio y de corte más simbólico que legal, es una presentación ante organismos internacionales para denunciar el avance del Gobierno sobre la empresa.
Por AFSCA - Diario Perfil
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