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Quejas de una diputada por el papel de la Comisión de Libertad de Expresión

Posted: 23 Dec 2014 07:40 PM PST

La diputada nacional Patricia De Ferrari (UCR-Córdoba) criticó duramente la inacción de la comisión de la Cámara Baja que debería expedirse sobre lo que le sucede a la prensa
"Con tristeza hemos visto que en este 2014 hubo avasallamientos de todo tipo a los periodistas y a la prensa. Fue un año signado por los aprietes, las censuras, los despidos por causas ideológicas, los cambios 'raros' y contrarios a la ley de medios -como el caso de estos días, con FM Identidad-, eso sin mencionar el intento absurdo de aplicar la ley antiterrorista a un periodista como Suárez. Con este escenario, avergüenza el casi nulo desempeño de la Comisión de Libertad de Expresión, así como la falta de interés del gobierno en defender este derecho y garantía constitucional básico", señaló De Ferrari, integrante de la comisión.
"Es increíble cómo, en su afán por sostener el relato mentiroso, el kirchnerismo ha decidido hacer de cuenta que 'aquí no ha pasado nada' y le dio la espalda a los cientos de profesionales de los medios que sufrieron atropellos de distinto tipo, que fueron desde presiones y amenazas hasta cierres de medios y cárcel para periodistas. Todo mientras la comisión de libertad de expresión ni siquiera se reunía para manifestar preocupación", dijo la diputada.
"La postura del oficialismo sobre la libertad de prensa, es clara. Funciona con una doble vara, en la que ganan los que sostienen el relato oficialista y la realidad que ellos quieren presentarle a la gente, que reciben fondos escandalosos, mientras que a los otros, a los que investigan o se apartan de ese cuentito, les pasan por encima con todo el peso posible", sentenció De Ferrari y agregó: "Esto se complementa con los constantes ataques de Cristina Fernández y su gabinete a los periodistas críticos y al rol que deben cumplir en Democracia".
Fuente: Prensa UCR

El relato dice "fueron reconocidas 200 nuevas radios comunitarias" #Falso!

Posted: 23 Dec 2014 07:08 PM PST

Por: Francisco Godinez Galay – CPR/CEPPAS
Analizamos los datos brindados por la AFSCA ante nuestro pedido:
Cuando se cumplieron cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Auidvisual en Argentina, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual publicó algunos resultados positivos del período. Allí vimos que se mencionaba que durante la ejecución de la actual ley habían sido reconocidas 200 nuevas radios comunitarias (1). Miramos los listados, hicimos cuentas, y los números no nos daban.
En septiembre de 2014 hicimos un pedido de información utilizando el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública. El pedido concreto fue: "El listado de radios comunitarias registradas, consignando nombre, frecuencia, localidad, fecha y tipo de autorización o licencia, y organización o institución de la que depende cada emisora."
Para comenzar, hay que decir que la información fue suministrada, lo cual supone un progreso en lo que era la relación de la sociedad civil con el Estado y con el acceso a la información.
Ahora bien, la primera respuesta que la autoridad de aplicación nos envía aclara que "no existe en el registro una categoría de 'radios comunitarias' registradas". Por supuesto, ese es el problema del cual venimos alertando desde 2009. Sin fines de lucro no significa comunitario. Y mientras el 33% de reserva de espectro sea para sin fines de lucro, y no haya subreserva de espectro, ni condiciones específicas, y mientras no se reconozca al actor comunitario con un actor específico de la comunicación, estos medios seguirán desamparados desde lo concreto y desde lo simbólico, y dependiendo del humor de los funcionarios de turno.
Luego, nos aclaran que sin perjuicio de lo anterior, nos adjuntan el listado de radios sin fines de lucro registradas durante la ejecución de la actual ley. Pues bien, los datos son elocuentes. Contra las 200 publicitadas por la autoridad de aplicación un año atrás, el listado oficial brindado tiene solo diecinueve. Pero no es todo: de las diecinueve, hay dos que están dos veces, una que es de la Universidad Católica de Salta (debería aparecer como universitaria o en todo caso como de la Iglesia), ocho no tienen nombre, y una es de la Asociación Colegio Adventista del Plata.
Pero lo más sorprendente surge cuando preguntamos qué tipo de título tenía cada una. 13 cuentan con Licencia; 3 con PPP (permiso precario y provisorio); 1 con Autorización (la de la Universidad Católica de Salta, ya que ese es el título que se da a los medios públicos estatales y no estatales que es donde éste debería figurar); y 2 aparecen con Reconocimiento. Resulta curioso, ya que en diciembre de 2013 en el CEPPAS y junto a la Red Nacional de Medios Alternativos elaboramos un proyecto de reconocimiento para los medios comunitarios, a lo cual se nos ha dicho que el término reconocimiento no es correcto ni es posible. Sin embargo, en información oficial, está siendo utilizado para al menos dos emisoras comunitarias. Y en la publicación de los cuatro años de la ley, también se utiliza el término.
En julio de 2013 ya habíamos hecho un pedido sobre los medios registrados desde 2009 hasta la fecha. Allí aparecen otras radios sin fines de lucro, que no están en el listado enviado los últimos días. Allí son 31 las radios sin fines de lucro registradas oficialmente, incluidas algunas de la Iglesia Evangélica ya que, como advertíamos también, a pesar de tener diferencias en cuanto a gestión, financiamiento y logística, entrarían dentro del famoso 33% a competir con las comunitarias. Incluso tomando ese listado, se está muy lejos de sumar las 200 radios comunitarias publicitadas.
Ahora habrá que esperar que se publique la resolución 3405 votada por unanimidad en el directorio de AFSCA el pasado martes 16 de diciembre de 2014. Supuestamente, esa resolución es la que crea el empadronamiento de radios comunitarias, y si todo sale como esperamos, ese empadronamiento debería ser una herramienta que sirva a medios sin amparo no solo para acceder a fondos, sino para tener algún resguardo frente a interferencias, para tener algún reconocimiento que no deje su funcionamiento librado a la voluntad del funcionario de turno y, sobre todo, para que el Estado demuestre de una vez por todas que entendió de qué se habla cuando se habla de medios comunitarios, y que les reconozca sus características específicas en el sistema de medios, y su rol para el fortalecimiento de la democracia.
Por lo expuesto, entendemos que el listado que motiva este artículo se trata de un error. Lo cual no deja de preocupar, ya que en ese caso, nos estaría advirtiendo sobre el mal desempeño de la autoridad en cuanto a la transparencia y lo poco preparado que está el Estado para garantizar el derecho al acceso a la información pública. Como sea, seguiremos tratando de aportar algo para que las cosas cambien.
1) "4 años de políticas de comunicación audiovisual", AFSCA, p. 3. Imagen adjunta
Fuente: Centro de Producciones Radiofónicas -CPR-,  Centro de Políticas Públicas para el Socialismo -CEPPAS- 

¿Y el 33%? “No hubo voluntad política para reconocernos como sujetos de la comunicación”

Posted: 23 Dec 2014 06:51 PM PST

Esta frase la dijo Daniel Giovannini, integrante de Radio La Colectiva, pero refleja lo que piensan otras personas que trabajan en medios alternativos, comunitarios y populares. El jueves pasado, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) realizó un sillazo frente a la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. Fue para reclamar el reconocimiento de nuestros medios como actores específicos de la comunicación; para pedir el plan técnico de frecuencias en todo el país que permita a su vez reservar el 33% del espectro radioeléctrico que le corresponde al sector sin fines de lucro, tal como lo indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; además del pedido de llamados a concurso para las zonas de conflicto para que los medios que funcionan allí puedan acceder a licencias. La Retaguardia dialogó con Giovannini para que explicara, a partir de la radio que integra, La Colectiva, cómo es vivir con aire pero sin licencia.
"Siento que estamos con un derecho que no se reconoce. Hacemos una actividad que debería estar garantizada por el Estado como un derecho humano, porque el Estado lo único que tiene que hacer es administrar el éter que es de la humanidad y nos ignora como sujetos, porque es un derecho básico que se nos está negando; desde mi punto de vista todo lo demás llega a partir de ese derecho no reconocido. La legalidad te abre la puerta a un montón de cosas, pero no es un premio, no debería serlo, y no debería ser algo de que porque estamos entre compañeros lo vas a tener. Es un derecho, y desde ese lugar vivimos, hacemos aire desde hace aproximadamente seis años. Nosotros nos propusimos hacer aire en el 102.5, cercano al Parque Centenario antes de que la ley saliera, y nos lo propusimos justamente pensando en que es nuestro derecho, ya teníamos la legitimidad suficiente desde nuestro punto de vista como para poder ejercerlo y lo ejercimos sobre una ley, llamada de la dictadura, pero recontra retoqueteada por todos los que vinieron después y legitimada por todos los que vinieron después, incluido el gobierno de Néstor (Kirchner). Lo ejercimos, es decir, fuimos a hacer eso, todo lo demás es consecuencia de este no reconocimiento", explicó Daniel Giovannini, integrante de Radio La Colectiva, en diálogo con La Retaguardia.
Según explicó Giovannini, La Colectiva nació como un proyecto comunicacional pensado como una herramienta para organizaciones sociales que puedan hacer uso de ella: "nosotros sentimos que en la medida en que fuimos andando como proyecto de comunicación, esas organizaciones sociales se fueron apropiando no solo del aire, sino también de la página, y cuando ves que hay compañeros en distintos lugares del país vos sentís que vas participando de un territorio ideológico, donde nos movemos resistiendo y muchas veces imaginando también un país diferente, una región diferente, y me parece que eso es lo que nos hace sentir que somos legítimos, ese reconocimiento del otro, ese espejo en el que nos miramos y sentimos que la herramienta creada con ese objetivo está cumpliendo en algunos casos el objetivo previsto".
Como quisiera poder vivir con aire (y licencia)
Existen muchas radios comunitarias, alternativas y populares en Argentina, pero son pocas las que cuentan con licencias, esto implica que la mayoría está funcionando en la ilegalidad. Esto ocurre a pesar de que desde hace más de cinco años está en vigencia la llamada Ley de Medios, que ha sido aplicada de manera dispar en los medios no tradicionales.
En 2010, por ejemplo, se abrió una de las pocas instancias por parte de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada con la nueva ley) destinada al sector comunitario. Se realizó un censo en el que las radios que estaban al aire en aquel momento solo dejaron sus datos. Sin embargo, este censo no tuvo ninguna implicancia real, no generó ningún cambio, ni significó ningún tipo de reconocimiento. Incluso un funcionario de la Afsca dijo -en presencia de un integrante de Radio La Retaguardia- 'con el censo hace un cucurucho y métetelo en el culo'. Al respecto, Giovannini afirmó: "para nosotros el censo ya fue un paso a una suerte de alegalidad. Entendemos que no sabemos si somos ilegales, porque nosotros hicimos el único paso que nos propuso el Estado. Es el Estado el que está obligado a hacer un plan técnico, es el Estado el que está obligado en cualquier zona de conflicto o no a decir que acá vamos a tener menos frecuencias comerciales. Lo concreto es que así, este censo no sirve para nada, porque si vamos a una cuestión de reconocimiento nosotros no estamos en la ley, todo lo demás que pretendamos o que podamos hacer ahora son parches para lo que desde mi punto de vista fue de alguna manera una batalla perdida por el sector, porque nosotros nos vinculamos al proceso de foros, nos vinculamos a la discusión previa con muy poquito entusiasmo, porque para estar entusiasmados uno tiene que tener un mínimo de confianza con el que anda; nosotros no teníamos prácticamente ningún entusiasmo pero nos vinculamos a esos foros y evidentemente no hubo una voluntad política para reconocernos, por más que nosotros poníamos banderas, 'queremos ser reconocidos' y demás, no hubo voluntad política para reconocernos como sujetos de la comunicación, como sujetos particulares, y además porque ya en ese momento el sector estaba debilitado porque un sector importante de los medios comunitarios se alineaba claramente detrás del gobierno, también con una lectura diferente a la nuestra, no digo mala ni buena, simplemente diferente, y eso debilitó el sector. A partir de ahí ya la ley nació sin que nosotros estuviéramos dentro, todo lo demás que estamos buscando es un reconocimiento a martillazos, de todas formas creo que tenemos el derecho a exigirlo. Nosotros no podemos estar en la misma bolsa que todos los medios sin fines de lucro".
Cabe recordar que dentro de este sector de los medios sin fines de lucro, al que se le debería destinar el 33% del espectro, la ley de medios incluye por ejemplo al canal digital que tiene el gremio de la construcción, la UOCRA, que encabeza Gerardo Martínez. Bien vale preguntarse por qué la UOCRA puede tener una señal de prueba digital, algo inalcanzable por el momento para cualquier canal comunitario.
Pateando la pelota para adelante
Las expectativas de Giovannini respecto a que haya algún tipo de avance tras cinco años de implementación de la ley de medios son cada vez más menores: "la conducta de la AFSCA, estuviera al frente quien estuviera, ha sido de dilación, de patear para adelante, ha sido y cada vez más mercantilizar el aire, estamos viendo ahora cómo se reforman o se pasa por encima de la ley para otorgar permisos donde no deberían, en el caso de las telefónicas y demás".
En la última reunión del directorio de la AFSCA del año se aprobó, entre otras medidas, que Telefónica siguiera operando Telefé. Además, se aprobó –a instancias de una negociación que se venía realizando desde la RNMA junto otras redes de medios como AMARC, FARCO y Red Colmena– un empadronamiento para medios sin fines de lucro cuyo texto aún no se conoce. Podría tratarse de algo similar al censo de 2010 (es decir, una mera recopilación de datos sin ningún reconocimiento de derechos); o una herramienta que implique algún tipo de derecho menor o igual a los permisos precarios provisorios que se entregaron durante el menemismo. Existen muchas radios del sector como La Tribu o Frecuencia Zero, que tienen un permiso provisorio que les da una legalidad superior a la que actualmente tienen muchas de las radios comunitarias que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos, como Radio La Colectiva.
De todos modos, para Daniel Giovannini el principal objetivo que persigue La Colectiva es el de acceder a un derecho: "pretendemos que se nos garantice un derecho, las licencias son la consecuencia de esa garantía. Tampoco La Colectiva va a ir solo por su licencia: si se nos ofreciera resolver el tema con nosotros, no lo aceptaríamos, siempre nos movimos dentro de la RNMA, en los foros en su momento, coordinando con los foros que se hacían en los distintos lugares del país, y lo seguimos y seguiremos haciendo. Con respecto a las dificultades que se enfrentan, nosotros seguiremos en el aire, resistiremos en el aire, seguiremos siendo autónomos en la gestión de nuestros propios recursos y seguiremos denunciando en principio la ausencia de democratización de los medios, y seguiremos reclamando el derecho a la comunicación".
Lo mismo que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos este jueves 18 de diciembre, con el sillazo y la radio abierta que organizó frente a la sede central de la AFSCA.
Fuente: La Retaguardia

AFSCA presentó un per saltum para revocar la cautelar otorgada al Grupo Clarín

Posted: 23 Dec 2014 06:34 PM PST

El recurso extraordinario, presentado ante la Corte, solicita la "inmediata intervención" para que revoque la medida dictada por el juez Horacio Alfonso, que suspendió el proceso de adecuación de oficio del grupo
"El sueño de Magnetto es volver a una Democracia mutilada en la que sea imposible hacer cumplir leyes que terminan con los privilegios de los más poderosos", consideró Martín Sabbatella y expresó que "resulta escandaloso y muy preocupante que una parte del Poder Judicial se ponga a disposición de esa estrategia corporativa y le arranque al Ejecutivo la facultad de implementar leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Es una vergüenza ver a un sector del Poder Judicial involucrado en esas maniobras y por eso esperamos que la Corte resuelva antes de fin de año, suspendiendo la nueva cautelar que favorece a Clarín". Esta mañana, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar la adecuación del Grupo Clarín a la ley 26.522. El 9 de diciembre último, el juez federal de primera instancia Horacio Alfonso dictó una cautelar a pedido y a la medida de esa corporación mediática, mediante la cual puso en suspenso el proceso de adecuación de oficio iniciado por el organismo que preside Sabbatella. "Este intento de mutilar la Democracia va a fracasar, como suelen fracasar todas las estrategias de quienes quieren volver atrás, a un país concentrado y desigual", agregó.
"Hace un año, la Corte Suprema puso fin a una larga cautelar que benefició a Clarín y abrió definitivamente las puertas para poder democratizar la palabra en nuestro país. Ahora, otro juez nos arranca la posibilidad cierta de hacer cumplir esa norma, facilitando que la corporación que comanda Magnetto siga controlando el mercado de medios audiovisuales, con casi 300 licencias de cable, televisión y radio", explicó el titular de AFSCA y señaló: "Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa -manifestó Sabbatella-. Los jueces deberían estar preocupados en cómo ayudan a que las leyes se cumplan; no en mutilarle al Estado la posibilidad de construir el país que el Pueblo decidió a través de sus representantes". "Es obvio que Magnetto no quiere cumplir la ley y, por eso es una vergüenza que parte del Poder Judicial nos quite las herramientas legales que tenemos para obligar a que la ley se cumpla", concluyó el funcionario nacional.
La AFSCA presentó esta mañana un recurso extraordinario por salto de instancia -per saltum- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitándole su inmediata intervención para que revoque la medida cautelar dictada por el juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín.
La presentación fue realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite acudir directamente ante la Corte Suprema salteando la instancia de Cámara en las causas "que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional".
La ley entiende que existe gravedad institucional "en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados".
En virtud de lo expuesto, la AFSCA indicó que la resolución de un juez de primera instancia, contrariando los principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 29 de octubre del 2013, compromete las instituciones básicas del sistema republicano.
"Las medidas cautelares dispuestas por diversos jueces que hicieron que el Grupo Clarín pueda incumplir la ley por ya más de cinco años, pone al Poder Judicial por encima de los otros poderes del Estado y restringe la libertad de expresión de los ciudadanos, al obstaculizar la pluralidad de voces", se indica en el escrito presentado ante la Corte. Algunos de los argumentos esgrimidos por Alfonso para conceder la cautelar apuntaron a una supuesta falta de deliberación del Directorio de AFSCA a la hora de decidir el inicio de la adecuación de oficio. Al respecto, en el escrito presentado hoy se expresa que "no puede obviarse el hecho de que resulta completamente ajena a la competencia del Poder Judicial de la Nación determinar los estándares de deliberación respecto de cuándo un órgano colegiado de la órbita del Poder ejecutivo Nacional ha dado -o no- suficiente debate sobre la adopción de un acto administrativo. En los fundamentos de la resolución atacada, el juez de grado fija un parámetro por cierto subjetivo y dogmático para decidir cuándo una discusión es suficiente y cuándo no, subestimando la autoridad e idoneidad de los Directores de esta Autoridad Federal que votaron la Resolución Nº 1121-AFSCA/14 por sus propias convicciones".
En el pedido de per saltum, AFSCA también recuerda que, cuando la Corte puso fin a la cautelar anterior, había señalado que "no encontrándose en juego la libertad de expresión, no existen razones que justifiquen la aplicación de una tutela inhibitoria a favor de los titulares de las licencias, protección que conllevaría la imposibilidad de implementar la ley hasta que se produzca el vencimiento de los plazos de cada una de las licencias".
Al entender que el fallo de Alfonso atenta directamente contra el pronunciamiento anterior de la Corte Suprema, el organismo que preside Sabbatella considera que existe gravedad institucional y que el máximo tribunal debería intervenir de forma inmediata en el expediente revocando la resolución del juez de primera instancia. Además, la Autoridad Federal solicitó que hasta tanto se expida la Corte sobre la cautelar, la resolución de Alfonso quede suspendida, tal como lo establece el Código Procesal.
Fuente: AFSCA

Parlamento de Uruguay aprueba ley que vigila la concentración y la propiedad extranjera de los medios

Posted: 23 Dec 2014 12:47 PM PST

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó una discutida ley de medios que regula los servicios de radio y televisión con el objetivo de evitar los monopolios y la posesión por parte de extranjeros, así como fomentar la producción nacional
La normativa fue sancionada mediante los votos de los legisladores del oficialista Frente Amplio, con 50 a favor y 25 en contra, y será reglamentada en marzo cuando el presidente electo Tabaré Vázquez suceda al actual mandatario José Mujica.
La Cámara de Senadores había dado su visto bueno el martes.
El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros.
Como condición para obtener una licencia, los candidatos "no (deben) ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero", establece el artículo 106.
Días atrás, Mujica expresó que no quiere la presencia en Uruguay del argentino Clarín, del brasileño Globo o del empresario mexicano Carlos Slim.
La oposición sostuvo en el debate que la nueva ley podría incurrir en errores de inconstitucionalidad y limitar la libertad de expresión y criticó que deje afuera la regulación de internet.
"Eso no significa que esta ley sea obsoleta y antigua", dijo el diputado Carlos Varela del Frente Amplio. "Es la ley que regula lo que hoy podemos regular y nuestro compromiso debe ser no pasar de vuelta 40 o 50 años sin tocar el tema", agregó.
La normativa crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, autónomo al Poder Ejecutivo, que deberá aplicar, fiscalizar y concretar los llamados para el otorgamiento de los permisos.
"Es una especie de Gran Hermano controlador", dijo el diputado Álvaro Delgado del opositor Partido Nacional al criticar la injerencia del Estado en la actividad privada.

Nuevas reglas
La ley fija que el 60 por ciento de la programación televisiva deberá ser de origen nacional, así como un 30 por ciento del contenido musical en radios. También establece una participación de un 30 por ciento de productoras independientes.
Adicionalmente establece un horario de protección al menor que comienza más temprano y coincide con el horario estelar, en el cual queda limitada la posibilidad de transmitir imágenes violentas, incluyendo a los noticieros.
Un aspecto innovador de la ley es que regula la publicidad electoral, concediendo una cuota por partido político directamente proporcional a los votos obtenidos en la última elección.
Por otra parte, los servicios de televisión para abonados deberán integrar a su guía de programación tres señales nacionales y podrán tener una participación máxima en el mercado de un 25 por ciento.
Las licencias para televisión, que deberán pagar un canon, serán concedidas por un período de 15 años y las radiales por un plazo de 10 años, con opción a una década de prórroga en ambos casos.
Asimismo se limita a seis los permisos televisivos para un mismo prestador, que será reducido a tres si alguno de ellos corresponde a la capital, Montevideo, donde vive el 40 por ciento de los 3,3 millones de habitantes del país.
(Reporte de Malena Castaldi; Editado por Silene Ramírez)
Fuente: Agencia Reuters
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