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Señales


La confirmación del procesamiento del vicepresidente no es noticia para TelAm

Posted: 19 Feb 2015 08:22 PM PST

A las 16:35 del jueves 19 de febrero el Centro de Informaci贸n Judicial public贸: "La C谩mara Federal confirm贸 el procesamiento de Amado Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles". Enseguida la noticia impacto en las redes sociales y en los diarios digitales. M谩s tarde lleg贸 a Reuters. La noticia no apareci贸 en la web de la agencia gubernamental TelAm, que eligi贸 cerrar el d铆a con "Cristina agradeci贸 los saludos por su cumplea帽os con un mensaje en las redes sociales". Esta se suma a la que edit贸 en la tarde "En el d铆a de su cumplea帽os, el hashtag #CristinaCumple encabeza las tendencias en las redes sociales". Sin embargo el vicepresidente no estuvo ajeno a la agenda informativa de la agencia, a las 21:01 public贸: "Boudou recibi贸 al embajador de Bielorrusia"
Foto: AFP

Procedimiento judicial contra un semanario viola la libertad de expresión

Posted: 19 Feb 2015 04:21 PM PST

Lo dispuso la justicia contra el semanario El Eco de Colonia
El Centro de Archivos y Acceso a la Informaci贸n P煤blica (CAinfo), la Asociaci贸n de la Prensa Uruguaya (APU) y la Organizaci贸n de la Prensa del Interior (OPI) denuncian la grave violaci贸n a la libertad de expresi贸n provocada por una medida judicial dispuesta este mi茅rcoles 18 por una jueza de Carmelo contra el semanario El Eco de Colonia, advierten que la misma significa un severo incumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el pa铆s en la materia e instan a la revisi贸n judicial inmediata de la medida pues pone en serio riesgo la publicaci贸n de la pr贸xima edici贸n del medio, lo cual constituye un caso grave de censura indirecta.
Seg煤n informaciones que las organizaciones pudieron recabar, en la ma帽ana de este mi茅rcoles 18 de febrero la jueza penal de Carmelo Mar铆a Alexandra Facal dispuso la realizaci贸n de un procedimiento judicial, en el marco de un proceso iniciado en agosto de 2014 por la C谩mara Antipirater铆a, que termin贸 con la incautaci贸n de los equipamientos inform谩ticos utilizados por el semanario El Eco de Colonia
La denuncia persigue el pago de una indemnizaci贸n por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliaci贸n judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida. De hecho, est谩 fijada una audiencia para el pr贸ximo mi茅rcoles 4 de marzo dado que el medio ya expres贸 su voluntad de alcanzar un acuerdo de pago, aunque por un monto menor al reclamado por los empresarios.
La incautaci贸n de los equipos se realiz贸 luego de dos procedimientos en las oficinas que el medio tiene en las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, de los que participaron funcionarios policiales acompa帽ados por el presidente de la C谩mara Antipirater铆a Fernando Couto y otra persona que no quiso identificarse. En Carmelo no se incaut贸 ninguna computadora porque se comprob贸 que se utilizaba software libre pero en Nueva Palmira se procedi贸 al retiro de todo el equipamiento, incluyendo una laptop propiedad de uno de los directivos del medio que no estaba comprendida en la medida judicial.

Libertad de expresi贸n afectada
La medida adoptada por la Justicia coloniense resulta especialmente grave ya que desconoce la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos (1) as铆 como la Declaraci贸n de Principios sobre Libertad de Expresi贸n (2) del Sistema Interamericano.
En efecto, el art铆culo 13 de la convenci贸n establece en su numeral 2 que el derecho a la libertad de expresi贸n "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a). el respeto a los derechos o a la reputaci贸n de los dem谩s, o b). la protecci贸n de la seguridad nacional, el orden p煤blico o la salud o la moral p煤blicas".
A continuaci贸n, el numeral 3 a帽ade que "No se puede restringir el derecho de expresi贸n por v铆as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri贸dicos, de frecuencias radioel茅ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi贸n de informaci贸n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci贸n y la circulaci贸n de ideas y opiniones".
En tanto, la Declaraci贸n de Principios sobre Libertad de Expresi贸n establece en su punto 4 que "Los Estados est谩n obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio s贸lo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democr谩ticas".
La medida dispuesta por el Poder Judicial –que forma parte del Estado y por lo tanto est谩 sujeto a las mismas obligaciones que el resto de los poderes– pone en serio riesgo la publicaci贸n de la edici贸n de El Eco del pr贸ximo d铆a s谩bado 21 de febrero, lo cual implica un claro caso de censura indirecta. A este respecto, la Declaraci贸n de Principios sobre Libertad de Expresi贸n se帽ala que "La censura previa, interferencia o presi贸n directa o indirecta sobre cualquier expresi贸n, opini贸n o informaci贸n difundida a trav茅s de cualquier medio de comunicaci贸n oral, escrito, art铆stico, visual o electr贸nico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulaci贸n libre de ideas y opiniones, como as铆 tambi茅n la imposici贸n arbitraria de informaci贸n y la creaci贸n de obst谩culos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresi贸n".
Considerando que los equipos incautados a El Eco contienen informaci贸n period铆stica sensible, la medida judicial viola tambi茅n el Principio 8, que establece que "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de informaci贸n, apuntes y archivos personales y profesionales".

Arbitraria, innecesaria y desproporcionada
Por otro lado, a la luz de las disposiciones del sistema interamericano de Derechos Humanos, tambi茅n resulta evidente que la disposici贸n de la jueza Facal que afecta al diario El Eco de Colonia resulta arbitraria, innecesaria y desproporcionada. En efecto, seg煤n el Marco Jur铆dico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresi贸n (3), "las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democr谩tica para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e id贸neas para lograr el objetivo imperioso que pretenden".
Asimismo, establece que "el adjetivo 'necesarias' no equivale a '煤til', 'razonable' u 'oportuna'. Para que la restricci贸n sea leg铆tima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitaci贸n, es decir, que tal objetivo leg铆timo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos".
El Marco Jur铆dico Interamericano establece asimismo que "cualquier limitaci贸n al derecho a la libertad de expresi贸n debe ser un instrumento id贸neo para cumplir la finalidad que se busca a trav茅s de su imposici贸n —esto es, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos leg铆timos e imperiosos que mediante ella se persiguen—. En otras palabras, las limitaciones deben ser adecuadas para contribuir al logro de finalidades compatibles con la Convenci贸n Americana, o estar en capacidad de contribuir a la realizaci贸n de tales objetivos".
Asimismo, los est谩ndares interamericanos se帽alan que estas eventuales restricciones a la libertad de expresi贸n "deben ser estrictamente proporcionales al fin leg铆timo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio leg铆timo de tal libertad. Para determinar la estricta proporcionalidad de la medida de limitaci贸n, ha de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresi贸n que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen".
En este sentido, seg煤n la Corte Interamericana, para establecer la proporcionalidad de una restricci贸n cuando se limita la libertad de expresi贸n con el objetivo de preservar otros derechos, "se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectaci贸n del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacci贸n del derecho contrario justifica la restricci贸n de la libertad de expresi贸n".
En el caso de marras resulta evidente que la intenci贸n de reparar el derecho de la c谩mara empresarial de percibir el dinero reclamado por la no adquisici贸n de programas inform谩ticos no justifica la violaci贸n del derecho a la libertad de expresi贸n del medio de comunicaci贸n y sus periodistas. En este caso adem谩s, no solo se viola el derecho de El Eco a difundir informaci贸n sino tambi茅n el de sus lectores a recibirla, ya que el sistema interamericano considera que el derecho a la libertad de expresi贸n incluye "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 铆ndole".
(1) Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos http://goo.gl/EZxh2t
(2) Declaraci贸n de Principios sobre Libertad de Expresi贸n http://goo.gl/5cXNW
(3) Marco Jur铆dico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresi贸n http://goo.gl/soMF6
Contacto: Fabi谩n Werner, encargado del 脕rea Libertad de Expresi贸n de CAinfo: fwerner@cainfo.org.uy

Periodismo libre, crítico, contestatario, antigobierno y antioficialista

Posted: 19 Feb 2015 09:01 AM PST

Por: Luis Castillo, lcastillo@el-carabobeno.com
Hacer periodismo en Zeta es un acto de valent铆a. El semanario mexicano incomoda a las autoridades y al crimen organizado. "Esto es periodismo libre, cr铆tico, contestatario, antigobierno y antioficialista", resumi贸 Adela Navarro, directora. Su l铆nea editorial le ha costado la vida a dos periodistas, han sufrido atentados y recibido amenazas.
Ese periodismo cerca de la sociedad y lejos del gobierno es lo que ha mantenido a Zeta por 34 a帽os, sostuvo Navarro. "Con esta l铆nea del semanario no es f谩cil venir a trabajar a este medio".
La ciudad de Tijuana, donde est谩 la sede de Zeta, es la m谩s occidental de Am茅rica Latina. Tiene una poblaci贸n de 1,5 millones personas, seg煤n el 煤ltimo censo oficial.
Su condici贸n fronteriza con California, Estados Unidos, atrajo al narcotr谩fico, que tiene su mercado en el vecino pa铆s, y al crimen organizado. El mismo que en abril de 1988 acab贸 con la vida del co-director de Zeta, H茅ctor "el Gato" F茅lix Miranda, quien publicaba una columna sobre hechos de corrupci贸n y tr谩fico de drogas. Fue interceptado mientras manejaba su veh铆culo. Recibi贸 dos disparos.
Los asesinos trabajaban como guardias de seguridad en una pista de carreras propiedad de Jorge Hank Rhon, un influyente hombre de negocios que luego fue elegido alcalde de Tijuana.
Navarro y su equipo no se sienten protegidos por las autoridades de su pa铆s. Todas las alertas por amenazas han llegado del gobierno de Washington. "Los casos de periodistas no se resuelven. Se帽alamos mucho la impunidad que hay para la investigaci贸n sobre los carteles en M茅xico". En 2014 se mantienen 20 comunicadores sociales desaparecidos.
En 1997 estuvo en terapia intensiva el fundador de Zeta, el experimentado periodista Jes煤s Blancornelas. Sobrevivi贸 a cuatro disparos en un atentado el 27 de noviembre. Su guardaespaldas muri贸 dentro del veh铆culo en el que se movilizaban.
Ochenta proyectiles impactaron en la camioneta de Blancornelas, quien d铆as previos al ataque hab铆a hecho p煤blica la vinculaci贸n de los hermanos Benjam铆n y Ram贸n Arellano F茅lix a una serie de asesinatos, incluido el del cardenal Jes煤s Posadas Ocampo.
Uno de los sicarios muri贸 en el atentado por una bala que rebot贸 hacia 茅l. En las investigaciones se conoci贸 que trabajaba para los hermanos Arellano F茅lix, l铆deres del cartel de Tijuana.
Navarro recuerda que Blancornelas ten铆a contactos en la Procuradur铆a General, en el Ej茅rcito, la DEA y el FBI. Le daban informaci贸n sobre la corrupci贸n en las corporaciones polic铆acas y la impunidad comprada por los mafiosos. El Centro de Investigaci贸n y Seguridad Nacional, el servicio secreto mexicano, le segu铆a los pasos y la Judicial del Estado le asign贸 escoltas, pero una semana antes del atentado se retiraron sin raz贸n, cuestion贸.
En 2004 hubo otra baja en Zeta. Asesinaron al periodista Fresco Javier Ortiz. Le cayeron a tiros frente a sus hijos. Las autoridades sospecharon de los hermanos Arellano F茅lix pero la investigaci贸n termin贸 sin conclusi贸n.

Una Ventana
"No pensamos en el miedo. Tenemos un trabajo y nos dedicamos a hacerlo de forma profesional", afirm贸 Navarro, catalogada por Forbes como una de las mujeres m谩s poderosas de M茅xico.
Navarro, quien dirige Zeta desde el fallecimiento de Blancornelas en 2006, est谩 convencida de que la estrategia de las autoridades no es la m谩s id贸nea para atacar al narcotr谩fico. Cu谩ndo se captura al l铆der del cartel, lo que sucede es que los posibles herederos hacen sus cartelitos porque no se ponen de acuerdo para elegir al nuevo l铆der. Resultado: Ahora hay m谩s bandas organizadas porque no se ataca la parte financiera.
Zeta cuenta con unos 20 periodistas. Naci贸 como una ventana donde la gente atemorizada por el crimen confiaba que pod铆a entregar una informaci贸n y ser铆a publicada. Hoy el 70% de los reportajes es producto de la vinculaci贸n con el lector. "La sociedad es la 煤nica que dicta l铆neas", afirm贸 Navarro ganadora de premios nacionales e internacional por su defensa a la libertad de prensa.
La relaci贸n del lector con el medio lleg贸 a ser tan estrecha que la gente enviaba una denuncia por correo a las autoridades con copia a Zeta, asegur贸 la periodista.

Protecci贸n
En diferentes etapas de Zeta, el Gobierno ha facilitado escoltas a los periodistas, pero para Navarro su principal protecci贸n es el lector. El atentado de los hermanos Arellano F茅lix contra Blancornelas fue parte del inicio de su ca铆da porque se metieron con un periodista que ten铆a mucho apoyo de la sociedad, que a la clase pol铆tica le daba temor que lo fueron a matar, argumenta.
Los medios independientes y de investigaci贸n son muy importantes no solo para la democracia sino para la denuncia. "Eso nos ha metido en problemas porque nosotros publicamos las fotos de los narcotraficantes y de los delincuentes", explic贸 la directora a un grupo de periodistas latinoamericanos que acudi贸 a Zeta como parte de un taller de periodismo de investigaci贸n del Instituto de las Am茅ricas.
En Zeta tienen su estrategia de autodefensa. Cuando han sido alertados de que hay una amenaza de inmediato lo hacen p煤blico. "Y recibimos el apoyo de los lectores y organizaciones internacionales", asegur贸 Navarro.

Trabas
Imprimir la edici贸n completa de Zeta en California, Estados Unidos, es un alto costo econ贸mico, pero es una manera de garantizar su circulaci贸n.
En ciertos momentos hubo problemas para llevar el semanario a M茅xico. La esposa de Blancornelas lo buscaba de noche, escondida, y lo dejaba en la sede por partes. All铆 se compaginaba de manera manual.
Las presiones vienen de todos los lados. El Gobierno recorta la publicidad y sus funcionarios evaden dar entrevistas. Han dictado leyes y reglamentos para no dar informaci贸n. Pero siempre hay una salida. "Hemos hecho contactos dentro de las instituciones. Es un delito que nos den la informaci贸n, pero encontramos la forma".
Hubo un alcalde que decidi贸 no anunciar en el semanario con el argumento de que "no paga para que le peguen". La l铆nea de Zeta es as铆. Se han perdido anunciantes, pero las publicaciones est谩n fundamentas, afirm贸 Navarro.
Carteles de la droga y polic铆as judiciales han comprado la edici贸n completa en los quioscos para evitar que la gente se entere de las publicaciones.
La primera vez ocurri贸 con una investigaci贸n sobre c贸mo llegaban los narcotraficantes a Baja California v铆a la procuradur铆a del estado. Ese peri贸dico lo compraron todo. A la siguiente semana se public贸 la misma nota y se agreg贸 que el gobierno hab铆a mandado a comprar todo el peri贸dico.
"Hemos pagado con vidas el hacer este peri贸dico", lamenta Navarro, pero consciente de que hay una nueva generaci贸n de periodistas j贸venes que est谩 comprometida con esta manera de hacer periodismo. No duda que pese a las adversidades y riesgos Zeta continuar谩 la investigaci贸n de narcotr谩fico, crimen organizado, corrupci贸n y pol铆tica.
Fuente: El Carabobe帽o

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