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La confirmación del procesamiento del vicepresidente no es noticia para TelAm

Posted: 19 Feb 2015 08:22 PM PST

A las 16:35 del jueves 19 de febrero el Centro de Información Judicial publicó: "La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Amado Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles". Enseguida la noticia impacto en las redes sociales y en los diarios digitales. Más tarde llegó a Reuters. La noticia no apareció en la web de la agencia gubernamental TelAm, que eligió cerrar el día con "Cristina agradeció los saludos por su cumpleaños con un mensaje en las redes sociales". Esta se suma a la que editó en la tarde "En el día de su cumpleaños, el hashtag #CristinaCumple encabeza las tendencias en las redes sociales". Sin embargo el vicepresidente no estuvo ajeno a la agenda informativa de la agencia, a las 21:01 publicó: "Boudou recibió al embajador de Bielorrusia"
Foto: AFP

Procedimiento judicial contra un semanario viola la libertad de expresión

Posted: 19 Feb 2015 04:21 PM PST

Lo dispuso la justicia contra el semanario El Eco de Colonia
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la Organización de la Prensa del Interior (OPI) denuncian la grave violación a la libertad de expresión provocada por una medida judicial dispuesta este miércoles 18 por una jueza de Carmelo contra el semanario El Eco de Colonia, advierten que la misma significa un severo incumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país en la materia e instan a la revisión judicial inmediata de la medida pues pone en serio riesgo la publicación de la próxima edición del medio, lo cual constituye un caso grave de censura indirecta.
Según informaciones que las organizaciones pudieron recabar, en la mañana de este miércoles 18 de febrero la jueza penal de Carmelo María Alexandra Facal dispuso la realización de un procedimiento judicial, en el marco de un proceso iniciado en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería, que terminó con la incautación de los equipamientos informáticos utilizados por el semanario El Eco de Colonia
La denuncia persigue el pago de una indemnización por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliación judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida. De hecho, está fijada una audiencia para el próximo miércoles 4 de marzo dado que el medio ya expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo de pago, aunque por un monto menor al reclamado por los empresarios.
La incautación de los equipos se realizó luego de dos procedimientos en las oficinas que el medio tiene en las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, de los que participaron funcionarios policiales acompañados por el presidente de la Cámara Antipiratería Fernando Couto y otra persona que no quiso identificarse. En Carmelo no se incautó ninguna computadora porque se comprobó que se utilizaba software libre pero en Nueva Palmira se procedió al retiro de todo el equipamiento, incluyendo una laptop propiedad de uno de los directivos del medio que no estaba comprendida en la medida judicial.

Libertad de expresión afectada
La medida adoptada por la Justicia coloniense resulta especialmente grave ya que desconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1) así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2) del Sistema Interamericano.
En efecto, el artículo 13 de la convención establece en su numeral 2 que el derecho a la libertad de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a). el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b). la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".
A continuación, el numeral 3 añade que "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
En tanto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su punto 4 que "Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas".
La medida dispuesta por el Poder Judicial –que forma parte del Estado y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones que el resto de los poderes– pone en serio riesgo la publicación de la edición de El Eco del próximo día sábado 21 de febrero, lo cual implica un claro caso de censura indirecta. A este respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión".
Considerando que los equipos incautados a El Eco contienen información periodística sensible, la medida judicial viola también el Principio 8, que establece que "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".

Arbitraria, innecesaria y desproporcionada
Por otro lado, a la luz de las disposiciones del sistema interamericano de Derechos Humanos, también resulta evidente que la disposición de la jueza Facal que afecta al diario El Eco de Colonia resulta arbitraria, innecesaria y desproporcionada. En efecto, según el Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión (3), "las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden".
Asimismo, establece que "el adjetivo 'necesarias' no equivale a 'útil', 'razonable' u 'oportuna'. Para que la restricción sea legítima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos".
El Marco Jurídico Interamericano establece asimismo que "cualquier limitación al derecho a la libertad de expresión debe ser un instrumento idóneo para cumplir la finalidad que se busca a través de su imposición —esto es, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen—. En otras palabras, las limitaciones deben ser adecuadas para contribuir al logro de finalidades compatibles con la Convención Americana, o estar en capacidad de contribuir a la realización de tales objetivos".
Asimismo, los estándares interamericanos señalan que estas eventuales restricciones a la libertad de expresión "deben ser estrictamente proporcionales al fin legítimo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de tal libertad. Para determinar la estricta proporcionalidad de la medida de limitación, ha de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresión que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen".
En este sentido, según la Corte Interamericana, para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando se limita la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, "se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión".
En el caso de marras resulta evidente que la intención de reparar el derecho de la cámara empresarial de percibir el dinero reclamado por la no adquisición de programas informáticos no justifica la violación del derecho a la libertad de expresión del medio de comunicación y sus periodistas. En este caso además, no solo se viola el derecho de El Eco a difundir información sino también el de sus lectores a recibirla, ya que el sistema interamericano considera que el derecho a la libertad de expresión incluye "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole".
(1) Convención Americana sobre Derechos Humanos http://goo.gl/EZxh2t
(2) Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión http://goo.gl/5cXNW
(3) Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión http://goo.gl/soMF6
Contacto: Fabián Werner, encargado del Área Libertad de Expresión de CAinfo: fwerner@cainfo.org.uy

Periodismo libre, crítico, contestatario, antigobierno y antioficialista

Posted: 19 Feb 2015 09:01 AM PST

Por: Luis Castillo, lcastillo@el-carabobeno.com
Hacer periodismo en Zeta es un acto de valentía. El semanario mexicano incomoda a las autoridades y al crimen organizado. "Esto es periodismo libre, crítico, contestatario, antigobierno y antioficialista", resumió Adela Navarro, directora. Su línea editorial le ha costado la vida a dos periodistas, han sufrido atentados y recibido amenazas.
Ese periodismo cerca de la sociedad y lejos del gobierno es lo que ha mantenido a Zeta por 34 años, sostuvo Navarro. "Con esta línea del semanario no es fácil venir a trabajar a este medio".
La ciudad de Tijuana, donde está la sede de Zeta, es la más occidental de América Latina. Tiene una población de 1,5 millones personas, según el último censo oficial.
Su condición fronteriza con California, Estados Unidos, atrajo al narcotráfico, que tiene su mercado en el vecino país, y al crimen organizado. El mismo que en abril de 1988 acabó con la vida del co-director de Zeta, Héctor "el Gato" Félix Miranda, quien publicaba una columna sobre hechos de corrupción y tráfico de drogas. Fue interceptado mientras manejaba su vehículo. Recibió dos disparos.
Los asesinos trabajaban como guardias de seguridad en una pista de carreras propiedad de Jorge Hank Rhon, un influyente hombre de negocios que luego fue elegido alcalde de Tijuana.
Navarro y su equipo no se sienten protegidos por las autoridades de su país. Todas las alertas por amenazas han llegado del gobierno de Washington. "Los casos de periodistas no se resuelven. Señalamos mucho la impunidad que hay para la investigación sobre los carteles en México". En 2014 se mantienen 20 comunicadores sociales desaparecidos.
En 1997 estuvo en terapia intensiva el fundador de Zeta, el experimentado periodista Jesús Blancornelas. Sobrevivió a cuatro disparos en un atentado el 27 de noviembre. Su guardaespaldas murió dentro del vehículo en el que se movilizaban.
Ochenta proyectiles impactaron en la camioneta de Blancornelas, quien días previos al ataque había hecho pública la vinculación de los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix a una serie de asesinatos, incluido el del cardenal Jesús Posadas Ocampo.
Uno de los sicarios murió en el atentado por una bala que rebotó hacia él. En las investigaciones se conoció que trabajaba para los hermanos Arellano Félix, líderes del cartel de Tijuana.
Navarro recuerda que Blancornelas tenía contactos en la Procuraduría General, en el Ejército, la DEA y el FBI. Le daban información sobre la corrupción en las corporaciones policíacas y la impunidad comprada por los mafiosos. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el servicio secreto mexicano, le seguía los pasos y la Judicial del Estado le asignó escoltas, pero una semana antes del atentado se retiraron sin razón, cuestionó.
En 2004 hubo otra baja en Zeta. Asesinaron al periodista Fresco Javier Ortiz. Le cayeron a tiros frente a sus hijos. Las autoridades sospecharon de los hermanos Arellano Félix pero la investigación terminó sin conclusión.

Una Ventana
"No pensamos en el miedo. Tenemos un trabajo y nos dedicamos a hacerlo de forma profesional", afirmó Navarro, catalogada por Forbes como una de las mujeres más poderosas de México.
Navarro, quien dirige Zeta desde el fallecimiento de Blancornelas en 2006, está convencida de que la estrategia de las autoridades no es la más idónea para atacar al narcotráfico. Cuándo se captura al líder del cartel, lo que sucede es que los posibles herederos hacen sus cartelitos porque no se ponen de acuerdo para elegir al nuevo líder. Resultado: Ahora hay más bandas organizadas porque no se ataca la parte financiera.
Zeta cuenta con unos 20 periodistas. Nació como una ventana donde la gente atemorizada por el crimen confiaba que podía entregar una información y sería publicada. Hoy el 70% de los reportajes es producto de la vinculación con el lector. "La sociedad es la única que dicta líneas", afirmó Navarro ganadora de premios nacionales e internacional por su defensa a la libertad de prensa.
La relación del lector con el medio llegó a ser tan estrecha que la gente enviaba una denuncia por correo a las autoridades con copia a Zeta, aseguró la periodista.

Protección
En diferentes etapas de Zeta, el Gobierno ha facilitado escoltas a los periodistas, pero para Navarro su principal protección es el lector. El atentado de los hermanos Arellano Félix contra Blancornelas fue parte del inicio de su caída porque se metieron con un periodista que tenía mucho apoyo de la sociedad, que a la clase política le daba temor que lo fueron a matar, argumenta.
Los medios independientes y de investigación son muy importantes no solo para la democracia sino para la denuncia. "Eso nos ha metido en problemas porque nosotros publicamos las fotos de los narcotraficantes y de los delincuentes", explicó la directora a un grupo de periodistas latinoamericanos que acudió a Zeta como parte de un taller de periodismo de investigación del Instituto de las Américas.
En Zeta tienen su estrategia de autodefensa. Cuando han sido alertados de que hay una amenaza de inmediato lo hacen público. "Y recibimos el apoyo de los lectores y organizaciones internacionales", aseguró Navarro.

Trabas
Imprimir la edición completa de Zeta en California, Estados Unidos, es un alto costo económico, pero es una manera de garantizar su circulación.
En ciertos momentos hubo problemas para llevar el semanario a México. La esposa de Blancornelas lo buscaba de noche, escondida, y lo dejaba en la sede por partes. Allí se compaginaba de manera manual.
Las presiones vienen de todos los lados. El Gobierno recorta la publicidad y sus funcionarios evaden dar entrevistas. Han dictado leyes y reglamentos para no dar información. Pero siempre hay una salida. "Hemos hecho contactos dentro de las instituciones. Es un delito que nos den la información, pero encontramos la forma".
Hubo un alcalde que decidió no anunciar en el semanario con el argumento de que "no paga para que le peguen". La línea de Zeta es así. Se han perdido anunciantes, pero las publicaciones están fundamentas, afirmó Navarro.
Carteles de la droga y policías judiciales han comprado la edición completa en los quioscos para evitar que la gente se entere de las publicaciones.
La primera vez ocurrió con una investigación sobre cómo llegaban los narcotraficantes a Baja California vía la procuraduría del estado. Ese periódico lo compraron todo. A la siguiente semana se publicó la misma nota y se agregó que el gobierno había mandado a comprar todo el periódico.
"Hemos pagado con vidas el hacer este periódico", lamenta Navarro, pero consciente de que hay una nueva generación de periodistas jóvenes que está comprometida con esta manera de hacer periodismo. No duda que pese a las adversidades y riesgos Zeta continuará la investigación de narcotráfico, crimen organizado, corrupción y política.
Fuente: El Carabobeño
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